El juez federal Julián Ercolini ordenó el embargo preventivo de comisiones vinculadas a la contratación de pólizas del sector público que debían cobrar el broker Héctor Martínez Sosa y otras nueve personas, quienes actuaron como intermediarios durante el gobierno de Alberto Fernández. La medida cautelar se aplica sobre comisiones de varias empresas y personas, sumando un total que supera los 100 millones de pesos. Según el juez, la medida es necesaria para resguardar los fondos que podrían ser objeto de decomiso por tratarse de posibles productos del delito.
La decisión se tomó debido a la sospecha de que los involucrados podrían disponer de estos fondos antes de una eventual sentencia en su contra. Además, el juez Ercolini subrayó la importancia de proteger los derechos del Estado Nacional, considerado parte damnificada en la causa. Uno de los ejes principales de la investigación es el pago de comisiones indebidas a productores y organizadores de seguros, lo cual podría implicar una maniobra fraudulenta.
El embargo también afecta a varias empresas, como "Castello Mercuri S.A.", "Paris Broker de Seguros S.A.", "Bri Brokers S.A.", "Net Broker S.A." y "Service Risk S.A.", por sumas que varían desde miles hasta decenas de millones de pesos. La medida se fundamenta en el Decreto 823/21, que estableció que todas las pólizas de seguros del sector público debían contratarse a través de "Nación Seguros S.A.", permitiendo la participación de otros intermediarios y aseguradoras en forma de coaseguro.
Ercolini dispuso que "Nación Seguros S.A." transfiera los saldos sujetos a embargo a cuentas individuales en el Banco Ciudad y ordenó su inversión en plazos fijos renovables para mantener el valor nominal de los activos. La decisión del juez responde a un fallo de la Cámara Federal porteña que revocó una resolución previa, señalando que la investigación apunta a una posible organización delictiva que habría operado durante la gestión de seguros del gobierno de Alberto Fernández.